- O Conselho de Ministros aprovou o Anteprojeto da Lei de Gestão Pública e Integridade do Sistema Nacional de Saúde, que pretende frear a privatização da saúde pública no país e proíbe modelos de gestão privada, com algumas exceções.
- O texto veta a privatização, permitindo-a apenas quando não houver prestação pública possível, com sustentabilidade financeira, eficiência e padrões de qualidade, acesso e asequibilidade, além de proibir a construção de infraestrutura pela empresa em troca de prestação do serviço.
- O anteprojeto prevê avaliação prévia obrigatória para quaisquer concertos público-privados, priorizando entidades sem fins lucrativos e exigindo apresentação de relatório técnico para justificar a colaboração com o setor privado.
- O projeto aumenta mecanismos de controle público, com divulgação periódica de contratos, resultados em saúde e qualidade assistencial pelas comunidades autônomas; porém tem prazo de aplicação limitado e não alcança contratos já formalizados antes da vigência da lei.
- Também foi apresentado o Anteprojeto da Lei das Organizações de Pacientes, que reconhece as associações como interlocutoras da Administração, garante participação na governança do Sistema Nacional de Saúde e define seus direitos.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de frenar la privatización en la sanidad y vetar modelos de gestión mixta. El texto apunta a evitar que hospitales públicos queden administrados por empresas privadas.
El anteproyecto pone especial énfasis en hospitales donde se ha discutido la gestión privada, como el Hospital de Torrejón, y busca limitar este tipo de acuerdos para garantizar la sostenibilidad y la calidad del servicio público. La iniciativa surgió tras revelaciones sobre prácticas y beneficios en algunos grupos gestiona de hospitales.
El documento, cuyo contenido adelantó la Cadena SER, enfrenta un recorrido parlamentario complejo y dependerá de apoyos del Gobierno y del Congreso. La norma derogaría la Ley de 1997 que abrió la puerta a concesiones para gestión privada.
Para las excepciones, la ley exige que no exista alternativa de prestación pública y que se superen estándares de sostenibilidad, eficiencia y calidad. También prohíbe que la empresa financie la infraestructura para luego prestar el servicio.
Antes de concertar con lo privado, autos estatales deberán presentar un informe de necesidad, evaluado por un comité técnico. Se priorizarán entidades sin ánimo de lucro y evitarán empresas con fines puramente comerciales.
La norma impulsa mayor control público, transparencia y rendición de cuentas. Las comunidades deberán difundir contratos y resultados de salud, asegurando acceso y calidad de atención.
El anteproyecto no aplica de inmediato, ya que conserva vigentes los acuerdos suscritos antes de su entrada en vigor. Las fórmulas vigentes continuarán regidas por la normativa vigente al momento de adjudicación.
La ministra de Sanidad, Mónica García, sostuvo que la iniciativa se apoya en estudios internacionales, que señalan que la privatización no mejora la eficiencia y que los sistemas públicos gestionan mejor los recursos.
Según datos oficiales, en la última década la gestión privada en la sanidad pública creció un 36,8%, con casi un tercio de los hospitales bajo influencia privada para financiación o actividad mayoritaria.
Ley del paciente
El Consejo de Ministros también aprobó el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes. Este texto reconoce a estas asociaciones como interlocutoras ante la Administración y señala su participación en gobernanza y políticas sanitarias.
La ley garantiza a las organizaciones de pacientes acceso a información pública, participación en políticas y planes del Sistema Nacional de Salud, y financiamiento público sujeto a criterios transparentes.
Además, propone instrumentos como la Mesa para la Participación de los Pacientes y un Censo Estatal, para fortalecer el diálogo entre el Gobierno y estas entidades.
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